La presentación fue realizada por la Procuración General porteña por instrucciones del jefe de Gobierno, Jorge Macri, manifestando la “preocupación institucional” por el impacto que esa medida tendría sobre la movilidad urbana, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en una zona de alta densidad poblacional y tránsito constante. 

El documento al que accedió Infobae, indica que “desde que se confirmó la condena de la exmandataria comenzaron a registrarse concentraciones, cortes de calles, ruidos molestos y una sobrecarga operativa sobre las fuerzas de seguridad de la Ciudad. También se adjuntaron informes técnicos que advierten que un operativo de custodia permanente alteraría de forma sostenida el entorno urbano, afectando a vecinos, instituciones educativas cercanas y al funcionamiento del macrocentro porteño”. 

Así, el Ejecutivo porteño solicitó que, en caso de autorizarse la prisión domiciliaria, se implementen “medidas excepcionales” para garantizar el orden público y los servicios urbanos, con intervención conjunta de las autoridades nacionales y locales.