En ese marco, los letrados de la empresa apuntada por el pago de los sobornos sostuvo que las grabaciones fueron adulteradas, obtenidas de forma ilegal y vulneran el derecho a defensa.

El escrito fue presentado por el abogado Martín Magram, representante de Emannuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, quienes integran la conducción de la compañía; y le solicita al juez federal Sebastián Casanello que declare la nulidad del expediente, denunciando un "inconmensurable perjuicio reputacional" tanto para los empresarios como para la compañía, clave en el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional.

El planteo se presentó el viernes pasado, el mismo día en que el fiscal Franco Picardi encabezó un nuevo allanamiento en la sede de Suizo Argentina, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Según trascendió, en la diligencia se registraron resistencias para entregar documentación, correos electrónicos y claves de acceso a los sistemas internos.

Magram calificó la investigación como una "caza de brujas" basada en pruebas ilícitas. En el escrito afirmó que los audios atribuidos a Spagnuolo no deberían tener valor probatorio, salvo que "el respeto a la Constitución no importe" o se busque convertir a cualquiera en “detective privado” para perseguir a rivales políticos o empresariales.

El abogado también cuestionó lo que definió como un procedimiento llevado con "oscurantismo", comparando la investigación con prácticas de épocas pasadas en las que la sospecha bastaba para encarcelar y vulnerar derechos fundamentales. En esa línea, según la defensa, la causa avanzó con una "expedición de pesca" que incluyó allanamientos múltiples, secuestro de objetos personales y extracción de información de dispositivos móviles, lo que consideraron una violación flagrante al debido proceso.