La hermana del Presidente de la Nación sostuvo en la presentación que lo publicado "no afecta a su intimidad, ni a la Seguridad Nacional". 

La medida la tomó luego que se produjera una ola de rechazos provenientes de entidades periodísticas, abogados y otros sectores que consideraron la restricción como un acto de censura previa. 

En el escrito, la funcionaria afirmó que los audios divulgados no comprometen la seguridad nacional ni la intimidad de su familia, y recordó que ya existe una causa penal en curso sobre el asunto. 

No obstante, sostuvo que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal y “apuntan a la desinformación” y a una “campaña malintencionada hacia la opinión pública". 

Asimismo explicó que "jamás la libertad de prensa puede alentar, promocionar y difundir la comisión de delitos como base para la obtención de información. Eso no es libertad de prensa, eso es un atentado contra la democracia y sus valores más básicos”. 

Finalmente, la funcionaria pidió que se levante la medida cautelar, ya que los audios “oportunamente fueron reproducidos audios atribuidos a quien suscribe en medios extranjeros y el contenido no afectaría mi seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la cuenta actualmente”.