Según la IGJ, dirigida por Daniel Roque Vítolo, se exige a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol explicaciones detalladas sobre partidas globales en sus estados contables que, en conjunto, superan los USD 450 millones. El organismo estatal sostiene que esas cifras, acumuladas durante los últimos ocho años, no tienen el desglose necesario y que las observaciones previas no fueron respondidas.

La AFA señala que la intimación llegó junto a fuertes demandas públicas del inspector general. Por esa razón, la entidad presentó un descargo formal respecto de sus ejercicios contables de 2017 a 2023. Su comunicado enfatiza que el objetivo es clarificar la situación con las asociaciones socias y el público, respaldando las respuestas con hechos objetivos, documentación pública y actos administrativos verificables.

Desde la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, se afirma que todos los balances requeridos fueron presentados y que no existe ningún incumplimiento. Mediante un comunicado, la organización sostiene que aportó informes y documentación en tiempo y forma. Además, indica que sólo una observación le fue notificada conforme a la norma y que fue respondida de inmediato. Señala también la obtención regular de certificados de vigencia y domicilio emitidos por la IGJ, en los que el propio organismo dejó constancia del cumplimiento de obligaciones y documentación.

De forma adicional, la AFA recalca su disposición al cumplimiento institucional y rechaza las acusaciones de maniobras evasivas. “La realidad es exactamente la contraria: jamás se le requirió información alguna durante todo este tiempo”, precisa el comunicado, que insiste en la ausencia de notificaciones válidas desde el sector estatal.

Entre los argumentos de la AFA figura el trámite de cambio de jurisdicción, realizado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la Provincia de Buenos Aires. Según la asociación, la asamblea correspondiente fue fiscalizada por veedores de la IGJ y toda la documentación fue aprobada y emitida por la autoridad estatal. Más adelante, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas avaló el traslado y notificó formalmente a la IGJ.

La AFA reitera estar dispuesta a responder por los canales institucionales y sostiene que el uso mediático de la causa desvirtúa la legalidad del proceso. Recalca que las acusaciones públicas carecen de prueba documental y contradicen los propios actos administrativos previos del organismo estatal.