Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner. 

No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana. 

El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los US$16.000 millones. 

El tribunal consideró que la jueza había interpretado de manera incorrecta la legislación argentina al fallar a favor de los ex accionistas que reclamaban haber sido perjudicados por la nacionalización de la petrolera. 

La demanda había sido impulsada por el fondo Burford Capital, que aspiraba a quedarse con una parte significativa de la indemnización. 

“Ganamos en el juicio por YPF”, celebró el Presidente en redes sociales y acto seguido el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete Manuel Adorni continuaron con los festejos virtuales. 

El fallo fue apelado por todas las partes y, en octubre de 2025, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito realizó una audiencia en la que los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon los argumentos del Estado argentino, de YPF y de los fondos Eton Park y Burford, este último titular de los derechos para litigar tras la quiebra de las empresas Petersen. 

En esa instancia, la defensa argentina planteó tres argumentos para revertir la sentencia o, al menos, reducir el monto de la eventual indemnización. El principal —presentado por tercera vez ante la Justicia estadounidense— sostuvo que el caso debía tramitarse en la Argentina. 

Según esa posición, corresponde a tribunales locales definir qué norma prevalece: la ley de expropiación que habilitó la estatización del 51% de YPF en 2012 o el estatuto de la compañía, que obliga a lanzar una oferta pública de adquisición al superar el 15% de las acciones. 

Se trataba del mayor juicio que enfrentaba la Argentina en tribunales del exterior y de la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano, en un contexto en el que incluso el Departamento de Justicia norteamericano se había pronunciado en las últimas semanas a favor del país. 

El principal perjudicado por el fallo es el fondo Burford Capital, que había adquirido los derechos a litigar por unos 15 millones de euros y ya había recaudado más de US$300 millones al vender participaciones en la demanda. Tras la decisión, las acciones de Burford en Estados Unidos llegaron a desplomarse hasta 54%. 

Aunque los demandantes aún pueden recurrir a la Corte Suprema, el fallo frena por ahora cualquier intento de cobro y pone en duda que puedan efectivamente percibir la indemnización. 

La sentencia original había sido dictada en 2023 por Preska, quien entendió que la estatización violó el estatuto de YPF al no realizar una oferta pública de adquisición a los accionistas. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito concluyó que esa interpretación no se ajustaba al derecho argentino.