El nuevo proyecto que el oficialismo quiere impulsar no elimina la ley vigente, pero la modifica para reducir su impacto fiscal. En los hechos, implica una poda significativa. El punto más sensible es el salarial. Mientras la ley actual obliga a recuperar lo perdido desde diciembre de 2023, la propuesta del Gobierno solo reconoce la pérdida de 2025. 

Es decir: convalida el ajuste de 2024. La recomposición se haría en tres tramos del 4,1% y sin una actualización automática por inflación, lo que deja a los salarios nuevamente expuestos a la pérdida de poder adquisitivo. El mismo criterio se aplica al financiamiento general: la ley vigente exige recomponer lo perdido en programas clave -como hospitales universitarios y ciencia y técnica-, pero el proyecto oficial omite esos años.

Incluso, solo contempla actualizaciones si la inflación supera el 14,5%, una cifra muy por debajo de las proyecciones reales. Aun así, el Gobierno intenta suavizar el recorte con lenguaje técnico. En el texto, define su objetivo como "armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales" con "las reales posibilidades de financiamiento". Un eufemismo que, en los hechos, traduce un ajuste. En paralelo, el Gobierno apeló los fallos que lo obligan a cumplir con la ley vigente. 

A través de la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, presentó un recurso extraordinario para suspender artículos clave de la norma. El argumento es conocido: el impacto fiscal sería "letal" para el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, la Justicia ya falló en contra en dos instancias. Y eso cambia el tablero. Con ese respaldo, las universidades -agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional- tienen menos incentivos para aceptar una negociación a la baja.

Lo cierto es que la demora en tratar el proyecto, las diferencias de estrategia y los pases de factura entre sectores del oficialismo reflejan una interna que impacta directamente en la gestión. Mientras el Ministerio de Capital Humano intentaba acercar posiciones con rectores y gremios, la decisión de postergar el debate parlamentario dejó al Gobierno sin margen de maniobra. Hoy, el oficialismo intenta recomponer ese camino con acuerdos parciales y negociaciones con sectores "dialoguistas" de la oposición. Pero el contexto es otro: la ley ya fue sancionada, la Justicia la respalda y el costo de modificarla es mucho más alto.