El fiscal a cargo del expediente, Gerardo Pollicita, busca determinar quiénes están habilitados para acceder a esas cajas. En ese marco, requirió también las grabaciones de todas las personas que hayan ingresado al sector.

El fiscal solicitó la nómina completa de autorizados, junto con los registros de ingresos y egresos, ya sea en libros, actas u otros sistemas, detallando fechas, horarios e identidad de quienes accedieron desde enero de 2022 hasta este año.

Además, la Justicia pidió las filmaciones correspondientes a los accesos al área de cajas de seguridad, con el objetivo de reconstruir los movimientos y establecer posibles responsabilidades en el marco de la causa.

El eje de la causa por presunto enriquecimiento ilícito es determinar si hubo un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con los ingresos declarados por el funcionario. De esta manera, la idea es establecer si existe una diferencia significativa entre los bienes, ingresos y gastos de una persona en función de su actividad económica y su evolución en el tiempo.

En el marco de la investigación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia confirmó los gastos realizados durante un viaje familiar a Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025, un desembolso de casi u$s15 mil.

Según consta en el expediente que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, el entonces vocero presidencial desembolsó u$s8.874 en alojamiento en dos hoteles del Caribe y u$s5.800 en pasajes aéreos, lo que eleva el costo total del viaje a u$s14.696.

De acuerdo a la documentación incorporada a la causa, Adorni se hospedó primero en el hotel Embassy Suites Hilton Aruba Beach entre el 29 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, con desayuno incluido. Luego continuó su estadía en el Divi Dutch Village Resort, donde permaneció hasta el 9 de enero. El viaje completo se extendió hasta el 10 de enero y fue realizado junto a su familia durante todo ese periodo.

Los vuelos fueron adquiridos a la aerolínea LATAM, con un costo de u$s1.450 por persona, totalizando los u$s5.800. Según la información remitida a la Justicia, los pasajes fueron abonados en dólares y en efectivo, y el itinerario incluyó escalas en Perú (ida) y Ecuador (regreso).

El viaje a Aruba se suma a otras operaciones que están siendo analizadas en el expediente. Entre ellas, la compra de un departamento en Caballito por u$s230.000, con un anticipo de u$s30.000 y financiamiento por el resto. En ese marco, la declaración de un testigo que aseguró que el funcionario adeuda otros u$s65.000 por refacciones del inmueble, monto que no habría sido documentado.

También se investiga la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá por u$s120.000, financiada en parte con una hipoteca previa. Además, la fiscalía analiza pagos parciales de deudas, como un desembolso de u$s30.000 realizado en noviembre de 2025 para cancelar parte de un crédito vigente.

Con el cruce de información sobre viajes, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros, la Justicia busca reconstruir el flujo de fondos del funcionario y determinar si existe una desproporción entre sus ingresos y su nivel de gastos. En ese período, Adorni percibía un salario cercano a los $3 millones mensuales, monto que se mantenía congelado.

El avance de la causa dependerá ahora de nuevas medidas de prueba y del análisis integral de la documentación obtenida tras el levantamiento del secreto fiscal. En este contexto, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto del funcionario como de su esposa, Bettina Angeletti, lo que permitirá analizar en detalle sus movimientos financieros.