El detonante de esta decisión fue el crudo testimonio del arquitecto Matías Tabar, responsable de las reformas en la propiedad que el funcionario posee en el country Indio Cuá. 

Ante el fiscal Gerardo Pollicita, el profesional no solo confirmó la cifra, sino que describió una dinámica de pagos que complica la situación del ex vocero presidencial: entregas periódicas de billetes de moneda extranjera, presuntamente sin respaldo de facturación. 

El monto —equivalente a casi un cuarto de millón de dólares— resulta difícil de justificar para la fiscalía cuando se lo contrasta con los ingresos declarados por el funcionario. 

Las obras, realizadas en menos de un año, incluyeron la instalación de una cascada artificial, una pileta climatizada y un jacuzzi, lujos que ahora son la prueba central del expediente. 

¿Qué busca la Justicia en ARBA? 

Al abrir los registros de la agencia que conduce Cristian Girard, el juez Ariel Lijo busca detectar la inconsistencia final. Los peritos cruzarán tres datos clave: 

La declaración de mejoras: Si Adorni informó a la provincia las reformas de lujo para actualizar el valor inmobiliario. 

La capacidad contributiva: Si los movimientos bancarios y fiscales de la pareja coinciden con la tenencia de esa cantidad de dólares en efectivo. 

El valor de la propiedad: El contraste entre el valor fiscal registrado y el valor real de mercado tras la inyección de los 245 mil dólares. 

Mientras la defensa de Adorni intenta desacreditar al arquitecto alegando que las cifras son "exageradas", la Justicia ya tiene en su poder los planos, renders y mensajes de texto que documentan el avance de la obra. 

La medida solicitada a ARBA no es un trámite menor; representa el fin de la privacidad fiscal para el funcionario más cercano al Presidente en un momento de extrema sensibilidad económica. 

El interrogante que recorre los pasillos de Comodoro Py es uno solo: ¿De dónde salieron los dólares para la cascada? La respuesta, ahora, depende de los archivos impositivos de la provincia.