El jefe de ministros, a su vez, prevé presentar esta semana su demorada declaración jurada, luego de tres meses iniciado su escándalo tras conocerse viajes y numerosas erogaciones, que incluyeron compras de propiedades.

Pasaron casi 40 días de cuando el presidente Javier Milei dijo en televisión que su funcionario “tenía todos los papeles listos”. Desde entonces no hubo ninguna documentación ni información específica de su patrimonio. De hecho, el exvocero prácticamente no apareció en público y mucho menos respondió preguntas.

Su entorno lanzó distintas fechas sobre cuándo iba a enviar su DDJJ a la Oficina Anticorrupción, aunque nunca fueron ciertas. Aluden a que “fueron distintas circunstancias de la causa que obligaron a que Manuel retrase los tiempos, pero solo faltan detalles”.

El fiscal Gerardo Pollicita reunió evidencia suficiente y prevé solicitarle pronto al ministro coordinador el requerimiento de justificación patrimonial. En otras palabras, es una indagatoria blue.

Tiene probado que el exportavoz realizó numerosas erogaciones en negro por lo que le pedirá explicaciones por fuera de su declaración jurada, pidiendo datos precisos sobre distintas transacciones, movimientos bancarios y otras maniobras que utilizó Adorni para la adquisición de sus viviendas, el consumo de distintos viajes y las famosas refacciones en el country de Indio Cuá . Cuenta con suficiente material para concluir que presenta inconsistencias irreconciliables con todos sus gastos en estos dos últimos años que asumió cargos públicos y con sueldos congelados durante 2024 y 2025.

Qué es la ley de Inocencia Fiscal

Según el Gobierno, el sistema vigente partía de una lógica de sospecha permanente, en la que la administración tributaria podía rastrear consumos, movimientos patrimoniales y variaciones en los bienes de las personas para detectar inconsistencias. Con el nuevo esquema, quienes adhieran al régimen simplificado quedarán sujetos a un control más acotado, centrado principalmente en la facturación y la declaración de ingresos.

Uno de los aspectos más relevantes es que ARCA dejará de analizar de manera sistemática la evolución patrimonial y los consumos personales de los contribuyentes incluidos en el régimen. En lugar de ello, se enfocará en verificar si los ingresos fueron correctamente declarados y si los impuestos correspondientes fueron abonados.

La ley también busca incentivar la incorporación al circuito formal de ahorros que permanecían fuera del sistema financiero. En ese sentido, el Gobierno sostiene que facilitará el uso de los denominados "dólares del colchón", al reducir el temor de los contribuyentes a enfrentar cuestionamientos sobre el origen de fondos utilizados para consumos o inversiones.

Otro capítulo central es la modificación del régimen penal tributario. La norma elevó significativamente los montos mínimos para que una evasión pueda ser considerada delito, bajo el argumento de que los límites anteriores habían quedado desactualizados por la inflación. De esta manera, numerosas infracciones tributarias que antes podían derivar en causas penales pasarán a resolverse por la vía administrativa.

Además, la reforma incorpora mecanismos que permiten extinguir o evitar acciones penales mediante la regularización de deudas tributarias. La intención oficial es privilegiar el cobro de impuestos antes que la judicialización de los contribuyentes.

La ley también reduce los plazos de prescripción para quienes mantengan una conducta fiscal considerada correcta, otorgando mayor previsibilidad respecto de los períodos que pueden ser revisados por el organismo recaudador.

Para el oficialismo, el régimen constituye un cambio cultural destinado a promover la formalización de la economía, estimular el uso de ahorros no declarados y reducir la burocracia tributaria. Sus opositores, en cambio, advierten que la flexibilización de los controles patrimoniales y el aumento de los umbrales penales podrían dificultar la detección de maniobras de evasión y lavado de activos.