Además, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitará a la Oficina Anticorrupción la declaración jurada de Manuel Adorni correspondiente a 2025 y todas las rectificaciones patrimoniales que el funcionario presentó recientemente; el objetivo es contrastar esa información con los datos económicos que analiza el Ministerio Público Fiscal.

Fuentes judiciales señalaron que la medida apunta a cotejar ingresos, gastos, inversiones y movimientos patrimoniales declarados por el jefe de Gabinete en el marco de la causa que investiga su evolución económica. Para ello, la fiscalía cuenta con la asistencia de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración, organismo especializado en investigaciones patrimoniales.

En ese contexto, las declaraciones juradas son consideradas una pieza clave para reconstruir la evolución de su patrimonio.

El interés de la fiscalía se dio a conocer horas después de que Adorni presentara una serie de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en las que modificó información patrimonial propia y de su esposa, Bettina Angeletti.

Dicha documentación señala que el jefe de Gabinete incorporó activos que no habían sido incluidos en presentaciones anteriores, entre ellos US$513.000 que atribuyó a inversiones realizadas en Bitcoin entre 2013 y 2018.

Sin embargo, en Comodoro Py las explicaciones públicas todavía no parecen haber despejado las dudas. Fuentes judiciales señalaron que la entrevista televisiva que Adorni concedió en las últimas horas no constituye una prueba dentro de la investigación y que sus declaraciones no permitieron aclarar de manera concluyente los gastos y movimientos patrimoniales que son objeto de análisis. Tampoco, indicaron, resultan suficientes para realizar una evaluación técnica de su situación económica.

La causa se desarrolla en paralelo a otras medidas impulsadas por la Justicia para determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y el nivel de gastos detectado durante los últimos años. Informes incorporados al expediente señalan que los investigadores buscan reconstruir operaciones vinculadas con propiedades, viajes y otras erogaciones que forman parte de la pesquisa patrimonial.