La principal novedad es que el nuevo esquema no excluirá a funcionarios, exfuncionarios ni dirigentes políticos. 

Todos podrán adherirse al régimen simplificado de Ganancias siempre que cumplan con los requisitos previstos por la ley, aunque continuarán alcanzados por los controles específicos que pesan sobre quienes ejercen o ejercieron funciones públicas. 

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, acompañado por especialistas tributarios y funcionarios del área legal del Gobierno. La iniciativa busca fortalecer la ley aprobada en diciembre pasado y ofrecer mayor seguridad jurídica a quienes decidan exteriorizar ahorros que permanecen fuera del sistema bancario. 

Entre las modificaciones más relevantes figura la eliminación de los topes patrimoniales y de ingresos que limitaban el acceso al régimen simplificado. De prosperar el proyecto, podrán adherirse todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, sin importar el nivel de ingresos o patrimonio declarado. 

Los grandes contribuyentes nacionales también podrán ingresar, aunque sin acceder a todos los beneficios previstos para el régimen simplificado. Otro punto central es la redefinición de la denominada “discrepancia significativa”, el parámetro que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a revisar ejercicios fiscales anteriores. 

Actualmente, el beneficio del llamado “tapón fiscal” se pierde cuando la diferencia entre el impuesto declarado y el determinado por el organismo supera el 15%. La reforma propone un nuevo criterio: el beneficio solo caerá cuando la diferencia supere el 5% del umbral de evasión simple, equivalente actualmente a unos cinco millones de pesos. 

Además, si ARCA detecta diferencias, el contribuyente podrá conservar los beneficios del régimen siempre que rectifique su declaración jurada dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación y pague la diferencia correspondiente junto con los intereses. La iniciativa también incorpora un mecanismo de devolución acelerada para quienes resulten favorecidos en una controversia con el fisco. 

Si el contribuyente paga un ajuste para preservar el régimen y posteriormente la determinación de ARCA es revocada, el organismo deberá reintegrar el monto abonado, con los intereses correspondientes, dentro de los 45 días hábiles desde que la resolución quede firme. 

Uno de los puntos que más debate generó tras la presentación fue la posibilidad de que funcionarios y exfuncionarios también puedan adherirse. Los tributaristas que participaron de la presentación oficial aclararon que el proyecto no contempla exclusiones específicas para quienes ocupan cargos públicos. Sin embargo, remarcaron que ello no implica inmunidad frente a investigaciones patrimoniales, penales o administrativas. 

En otras palabras, un funcionario podrá acceder al régimen tributario si cumple con los requisitos legales, pero seguirá sujeto a las investigaciones y controles que correspondan por su condición de agente público. La propuesta comenzará ahora su recorrido parlamentario, donde podrían incorporarse modificaciones antes de su eventual aprobación.