El Ejecutivo considera que buena parte del nuevo esquema podría instrumentarse por vía administrativa y sin una ley específica. Sin embargo, reconoce que la negociación sindical será necesaria para modificar la carrera dentro de la Administración Pública Nacional. Hasta ahora, ese diálogo no comenzó de manera formal.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que todavía no fueron convocados para discutir la reforma de la carrera estatal. El gremio explicó que las conversaciones recientes estuvieron vinculadas con convenios colectivos de organismos alcanzados por la reforma laboral, como el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y no con la Administración Pública central.

Durante una entrevista, Javier Milei se refirió a la reforma del empleo estatal y afirmó que el platense Federico Sturzenegger trabaja en una revisión de la carrera del sector público. El objetivo oficial es cambiar la clasificación de los agentes y darle más peso al desempeño en los ascensos y en la definición de las remuneraciones.

Entre los puntos en análisis aparecen los mecanismos de ingreso y permanencia, las evaluaciones, las condiciones para ascender, la movilidad entre áreas y la composición salarial según funciones y resultados. También se estudian las reglas que pueden terminar en desvinculaciones, aunque el Gobierno sostiene que el diseño todavía no está cerrado.

El régimen actual ya contempla concursos, criterios de mérito, evaluaciones y capacitación. La Ley 25.164 fija las condiciones generales, mientras que el convenio colectivo de la Administración Pública Nacional y el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) regulan buena parte de la carrera. La estabilidad también exige un período de prueba de doce meses.

En el SINEP, la promoción de grado ya depende de evaluaciones y capacitación. Por eso, la discusión no apunta a incorporar esos controles por primera vez, sino a modificar su funcionamiento y su incidencia sobre la carrera. El Gobierno deberá negociar esos cambios con los sindicatos que tienen personería gremial.

De existir un acuerdo, las modificaciones pueden plasmarse en un acta y luego instrumentarse mediante un acto administrativo. Pero la negociación tiene límites: los derechos mínimos fijados por la Ley 25.164 no pueden reducirse por convenio. Si la reforma afecta aspectos reservados a esa norma, el Congreso deberá intervenir.

La reforma del empleo público irá por un camino distinto de la reforma del Estado que prepara el Ministerio de Desregulación. Ese segundo proyecto apunta a revisar organismos, competencias y estructuras y la Casa Rosada prevé enviarlo al Congreso en el corto plazo. La carrera y las condiciones laborales, en cambio, pueden negociarse con los gremios.