Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego convocaron a los medios en el NH Hotel, ubicado en el Microcentro porteño y dieron a conocer “información de relevancia” vinculada con la comunicación individual que presentaron a fines de julio ante el organismo internacional.

La presentación cuestiona el proceso judicial que terminó con la condena de la expresidenta, su posterior encarcelamiento y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según los letrados, durante el proceso se vulneraron ocho garantías contempladas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En el escrito, la defensa sostiene que la condena tuvo como objetivo impedir una futura candidatura de Cristina Kirchner y cuestiona la legalidad de la inhabilitación de por vida. También plantea objeciones sobre la atribución de responsabilidades administrativas a la exmandataria y sostiene que se afectó su derecho a ejercer una defensa adecuada.

Las ocho violaciones que denuncia la defensa

Los abogados plantearon ante la ONU presuntas vulneraciones de distintos derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

1.Derecho a votar y ser elegido: sostienen que el proceso buscó impedir una futura candidatura y que la inhabilitación perpetua restringe de manera indebida sus derechos políticos.

2.Derecho a un juicio justo: cuestionan que se le hayan atribuido responsabilidades sobre actos administrativos que, según la defensa, no estaban dentro de sus competencias constitucionales.

3.Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial: denuncian irregularidades en la asignación de causas y cuestionan la independencia de jueces y fiscales por sus presuntos vínculos con dirigentes opositores.

4.Presunción de inocencia: afirman que durante el proceso existió desde el comienzo una presunción de culpabilidad contra la expresidenta.

5.Tiempo y medios adecuados para preparar la defensa: sostienen que se incorporaron elementos probatorios de otros expedientes sin que la defensa tuviera una posibilidad efectiva de controvertirlos.

6.Revisión de la condena por un tribunal superior: cuestionan que la Cámara de Casación haya analizado de manera efectiva los planteos realizados por la defensa.

7.Prohibición de ser juzgado dos veces por los mismos hechos: señalan que 49 de las 51 obras públicas analizadas en la causa ya habían sido investigadas previamente y que esos procesos habían terminado con archivos o sobreseimientos.

8.Derecho a un recurso efectivo: sostienen que el sistema judicial argentino no brindó una vía efectiva para revisar la condena y cuestionan que la actual composición de tres miembros de la Corte Suprema permita un examen independiente.