El recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano, rechaza la decisión del juez Martín Cormick que dejó sin efecto el Decreto 759/2025 por considerar que causa un “gravamen irreparable”.
Para el Gobierno, la sentencia causa “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” ya que ordena la ejecución de la ley “sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable y sin dar adecuada respuesta a defensas centrales oportunamente introducidas por el Estado Nacional”.
En ese sentido, apuntan que el cumplimiento de la normativa “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”, ya que acusan que no identifica una “fuente de financiamiento específica y suficiente”.
Desde las Universidades discuten el planteo presentado por el Gobierno al indicar que faltan a la verdad a la hora de decir que la aplicación de la Ley tiene grandes implicaciones en el balance presupuestario de la Nación.
Los gremios salieron al cruce de la situación.
"El Decreto 759/25 vuelve a su estado original. Pierde la calificación de inconstitucional hasta que resuelva la Cámara. La medida cautelar sigue vigente y el gobierno está en rebeldía y desacato judicial desde las 9:30 del 8/9/26. El CIN le debe solicitar al Juez Cormick que aplique las sanciones dinerarias y penales que correspondan. El juez debe merituarlas y fallar al respecto", indicaron.
Hay que recordar que el próximo 15 de octubre se realizará la Quinta Marcha Federal Universitaria en todo el país, exigiendo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y exigiendo la recomposición salarial perdida desde finales del 2023.



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