En el mismo escrito, Dalbón amplió la denuncia contra el ministro de Economía y el presidente del BCRA, además del superintendente de Entidades Financieras, Juan Ernesto Curutchet, y ahora se sumó el subsuperintendente Nicolás Marcelo Ferro, integrante del directorio.

Dalbón pidió la indagatoria de los cuatro. “Lo aquí novedoso, Señor Juez, se vincula con la necesidad de establecer cómo se seleccionó a la contraparte, qué costo total tuvieron las operaciones y si alguien percibió una ventaja indebida”, planteó.

La presentación se hizo en la causa 4971/2026, en trámite ante el juez Ariel Lijo, y se apoya en la revelación de Página/12 del domingo 18: el Deutsche Bank, el banco en el que Caputo llegó a ser director y Bausili, un altísimo funcionaro, fue una de las contrapartes del negocio.

Según la AGN, la pérdida en las operaciones de oro se compone de 960,2 millones de dólares de “resultado negativo por opciones” y 62,8 millones de primas, y se pagó “con egresos de divisas”. O sea, salieron dólares contantes y sonantes de las reservas.

De acuerdo con las publicaciones que cita Dalbón, el BCRA compró un seguro contra una baja del oro y lo pagó vendiéndoles a bancos el derecho a comprar el metal a algo más de 3.000 dólares la onza. El oro terminó cotizando por encima de los 4.000 y el Central tuvo que cubrir la diferencia.

El escrito recuerda que Caputo y Bausili pasaron por el Deutsche Bank y que el presidente del Central ya fue investigado por negociaciones incompatibles con la función pública, por contrataciones que habrían beneficiado a ese mismo banco. Para colmo, según publicó Página/12, el BCRA se negó a entregarle a la AGN copia de los contratos, que contienen las condiciones pactadas y los nombres de quienes las autorizaron.

Nadie sabe tampoco cuánto cobraron los bancos en comisiones: Dalbón menciona una cifra superior a los 60 millones de dólares, un dato que circuló públicamente.

El abogado sostiene que la prueba central es documental y electrónica, y que está en manos de un organismo cuyas máximas autoridades son, justamente, las denunciados. La información, advierte, “puede ser modificada, ocultada o suprimida con facilidad por quienes tienen acceso a ella”. Por eso pidió que peritos informáticos copien los correos de la Presidencia del BCRA, del directorio y de las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos de 2024 y 2025, junto con los registros de acceso y modificación. Si el juez no ordena el allanamiento, reclama al menos una orden de presentación con la intimación a conservar la documentación.

La situación de Ferro, el nuevo apuntado en la causa, se vincula con su lugar en el directorio, que según la Carta Orgánica debe intervenir en las decisiones que afectan al mercado monetario y cambiario. La investigación deberá determinar si participó en la aprobación, el control o la ratificación de las operaciones y en la selección de las contrapartes.

Los delitos denunciados son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (de dos a seis años de prisión) y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si se acreditara una estructura estable, se sumaría la asociación ilícita (de tres a diez años).

Como se ve, la pregunta que quedó flotando desde el informe de la AGN -si el Central perdió 1.023 millones, ¿quién los ganó?- ya tiene un primer nombre. Lo que falta saber es si alguien más cobró por el camino.